"Los jueces deliberaron por más de seis horas, analizaron los argumentos presentados por las partes, y emitieron el fallo a la media noche (del miércoles), dando validez suficiente a las pruebas y acusaciones", afirmó hoy a EFE una portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Primero de Alto Riesgo fundamentó su decisión en la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la que colaboró con la Fiscalía en la investigación de este caso que puso en evidencia la infiltración por el crimen organizado de las fuerzas de seguridad de este país centroamericano.
William Pichinte, José González y Eduardo D'Aubuisson, diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el chofer de éstos, Gerardo Ramírez, fueron secuestrados, asesinados y luego incinerados el 19 de febrero de 2007 en una apartada zona del este de Guatemala. Conforme los fundamentos del fallo, el motivo del múltiple crimen fue una "venganza" planificada y ordenada por el ex diputado Roberto Silva, quien fue expulsado de las filas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tras ser involucrado en hechos delictivos.
Silva, quien permanece detenido en una cárcel de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, fue apoyado por el ex diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, quien organizó el asesinato con el apoyo de un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, y una banda de asaltantes y narcotraficantes que dirigía. Los crímenes fueron cometidos por los policías guatemaltecos Luis Herrera López, Jorge López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez, "por encargo" de una banda de narcotraficantes que opera en la ciudad de Jalpatagua, fronteriza con El Salvador.
Los cuatro agentes fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad luego de tres días de haber sido detenidos, supuestamente por un grupo de pandilleros juveniles que se encontraban en la misma prisión. Castillo, amigo y "socio" en actividades delictivas de Silva, fue declarado por el tribunal como responsable intelectual del crimen de los salvadoreños, y condenado a 203 años de prisión.
Los miembros de la "banda de Jalpatagua", Javier Lemus, Carlos Orellana, Marvín Contreras y Obdulio de León, fueron condenados a 208 años de cárcel por los delitos de asesinato múltiples y asociaciones ilícitas. Lemus y De León deberán purgar en total 210 años de prisión, ya que los jueces los condenaron a 2 años más por falsificación de documentos. Asimismo, Carlos Gutiérrez, alías "Montaña 3" fue sentenciado a una pena de 99 años por asesinato en el grado de complicidad y caso especial de estafa; y Carlos Orellana Donis a 17 años de prisión por asociaciones ilícitas, encubrimiento y falsificación de documentos.
La única mujer procesada por este caso, Linda Aura Castillo, fue absuelta de todos los cargos ya que no lograron establecer su participación en los hechos. Su abogado, Fernando Linares, dijo a los periodistas que apelará el fallo, ya que la sentencia en contra de su cliente se basó en la declaración de un testigo que aseguró haber escuchado cuando ésta y el ex diputado guatemalteco planificaron el crimen en un restaurante de la capital salvadoreña. Agregó que, a su criterio, la declaración de ese testigo "no puede tener validez" por tratarse de un "delincuente confeso" que admitió dedicarse a la trata de personas.
No obstante la cantidad de años de prisión ordenados para cada uno de los culpables, éstos sólo podrán permanecer en la cárcel un máximo de 50 años, de acuerdo a la legislación guatemalteca.
Por Yashira Laboy
Para Noticias Velad
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